
La carga que soporta quien se pone en carretera pesa cada día más. Millones de nuestros ciudadanos que han adquirido una etiqueta HGS, mantienen saldo en su cuenta e incluso han vinculado su tarjeta de crédito al pago automático para evitarse «problemas y multas» se ven sacudidos una mañana por un mensaje en el móvil que les anuncia un procedimiento de ejecución o por unas deudas multiplicadas que aparecen en e-Devlet.
Ni se ha cobrado el importe del saldo disponible ni se ha enviado un aviso a tiempo; además, los fallos en las pantallas y en los pagos del sistema dejan sin salida incluso al ciudadano que quiere saldar su deuda. Esta situación ya no es un simple fallo técnico: se ha convertido en una profunda indignación y desconfianza que crece en la calle, en los cafés y al volante.
Si examinamos la normativa sobre el papel, no hay multa si se paga dentro de los primeros 15 días posteriores al paso por el peaje. Entre los días 16 y 45 se aplica una multa de 1 vez el importe del peaje (2 veces en total), y una vez transcurrido el día 45 entra en vigor una multa de 4 veces el importe del peaje (5 veces en total, incluido el peaje). Pero ¿qué ocurre en la práctica? Hay un abismo entre la norma escrita y la factura que se presenta al ciudadano.
Etiquetas que no se leen, matrículas que no se reconocen, pasos por peajes que se registran con retraso, importes que no se cobran pese a haber saldo y, cuando se inicia el procedimiento de ejecución, honorarios de abogados, intereses, IVA y gastos de tramitación: todo ello convierte de pronto un pequeño peaje en una carga económica imposible de asumir.
No lo decimos basándonos únicamente en una impresión; las cifras también respaldan este clamor. Según los datos de “Şikâyet var”, en octubre de 2026 las quejas contra la Dirección General de Carreteras aumentaron un 311 por ciento y alcanzaron su nivel mensual más alto del año, mientras que las relacionadas con el HGS subieron un 24 por ciento. Si se tiene en cuenta el número de vehículos que hay en Turquía, resulta evidente que ese aumento del 24 por ciento refleja los perjuicios que sufren millones de personas.
Los ciudadanos se quejan de no poder pagar varios peajes a la vez, de que no aparezcan en el sistema los peajes que ya han pagado o para los que disponían de saldo, y de las pantallas que se bloquean durante el proceso de pago. Mientras en los círculos jurídicos y en el debate público se habla de la necesidad de revisar esa multa de 4 veces el importe del peaje, también se observa que el Ministerio de Transportes e Infraestructuras está dando prioridad en su agenda a las conversaciones con las empresas operadoras y a la revisión de la normativa.
Pero hay otro aspecto que perjudica especialmente al ciudadano y en el que debemos insistir: ahí está la verdadera herida, que no puede quedar fuera de este texto. A tenor de las numerosas quejas que llegan de los afectados y de las legítimas denuncias de los ciudadanos, existen graves acusaciones de que, especialmente en las carreteras privatizadas, se provoca de forma deliberada y planificada que los ciudadanos incurran en multas, y de que, mediante el sistema establecido y determinados despachos de abogados organizados para ello, se obtienen enormes beneficios con multas elevadas y cargos por los procedimientos de ejecución.
Se habla de sumas descomunales en juego. Ante una acusación de semejante gravedad, no cabe guardar silencio. Nuestra justicia y nuestros fiscales deben investigar estas denuncias; deben fiscalizar minuciosamente, en particular, los procedimientos de las carreteras privatizadas y los despachos de abogados que tramitan estos expedientes, y exigir responsabilidades. Hay que sacar a la luz para quién y cómo funciona este engranaje que agota al pueblo y consume el fruto de su trabajo y de su sudor.
Ante la magnitud de este problema y el malestar social que genera, es imprescindible que nuestro señor presidente de la República también intervenga directamente. La misión fundamental del Estado no es dejar al ciudadano desamparado frente a una máquina recaudadora o un mecanismo organizado de lucro, sino proteger la justicia, el derecho y los derechos del pueblo.
El ciudadano ya no sabe en quién confiar ni cómo hacerlo. Nada es más peligroso que la desconfianza, que corroe la paz social y abre caminos hacia el caos. Si esa desconfianza se extiende a las instituciones y a los sistemas, el mérito, la justicia y la reestructuración del Estado se convierten en una necesidad que ya no admite demora.
Terminemos con esta pregunta: que un peaje que no se ha podido pagar, o que no se ha podido saldar a tiempo por un error del sistema, se convierta en un plazo de 45 días en una multa de 4 veces su importe, ¿no muestra claramente a quién se protege y a quién se aplasta dentro de este sistema?
Yunus Ekşi
Mirat Haber – YouTube
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