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¡LOS PRESIDENTES DEL SAYIŞTAY DEBERÍAN HABER DETECTADO LAS LAGUNAS EN LA FISCALIZACIÓN!

¡LOS PRESIDENTES DEL SAYIŞTAY DEBERÍAN HABER DETECTADO LAS LAGUNAS EN LA FISCALIZACIÓN!

La República de Turquía se funda en la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. El buen funcionamiento de este sistema depende de la fiscalización del Estado y de la rendición de cuentas de sus dirigentes.

Los problemas económicos y financieros que vivimos hoy, en especial los hechos conocidos públicamente como el «saqueo de los fondos», han vuelto a poner sobre la mesa las graves deficiencias del sistema de fiscalización del Estado.

El Sayıştay es una de las principales instituciones que deben advertir e identificar estas lagunas antes que nadie y actuar para subsanarlas.

¡UNA FUNCIÓN CONSTITUCIONAL NO PUEDE QUEDAR ANULADA POR LEY!

El artículo 160 de la Constitución encomienda al Sayıştay la fiscalización de los ingresos, los gastos y los bienes de las administraciones públicas en nombre de la TBMM. El Parlamento puede regular por ley los procedimientos de fiscalización, pero no puede privar de eficacia a la fiscalización constitucional.

La Ley 4149, promulgada en 1996, reforzó las competencias del Sayıştay y estableció expresamente que debía examinar si los recursos públicos se utilizaban con eficiencia, eficacia y economía.

El objetivo no era comprobar únicamente que el dinero se gastara conforme a la normativa, sino también fiscalizar su aprovechamiento desde el punto de vista económico.

Sin embargo, el artículo 36 de la Ley 6085, promulgada en 2010, restringió este enfoque al definir la auditoría de desempeño en función de los objetivos e indicadores establecidos por la propia administración.

Por su parte, partes sustanciales de las restricciones adicionales introducidas en 2012 fueron anuladas por la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 27.12.2012, E.2012/102, K.2012/207.

El Tribunal estableció que examinar si los recursos públicos se utilizaban con eficacia, economía y eficiencia no podía considerarse, por sí solo, un control de oportunidad prohibido.

No obstante, la definición restrictiva de la auditoría de desempeño introducida en 2010 siguió vigente.

Como resultado, surgió un grave problema entre la función constitucional del Sayıştay y la normativa que regula su ejercicio, un problema que es necesario esclarecer.

¿QUIÉN FISCALIZA A LOS ORGANISMOS SUPERVISORES?

Aquí comienza el verdadero problema.

Las instituciones más importantes del sistema financiero, como Merkez Bankası, SPK, BDDK y TMSF, están sujetas a diversos controles. Sin embargo, la auditoría de sus cuentas financieras no significa que también se fiscalicen de forma suficiente las consecuencias económicas de sus actividades de regulación, supervisión, resolución y liquidación.

Por ejemplo, el artículo 81 de la Ley 6085 limita la fiscalización del Sayıştay sobre Merkez Bankası a las cuentas y operaciones ajenas a las funciones y competencias fundamentales del banco.

Del mismo modo, fiscalizar los gastos de SPK no significa examinar de manera integral hasta qué punto supervisa eficazmente los mercados de capitales.

Türkiye Varlık Fonu, por su parte, está sujeto a un régimen especial de fiscalización, distinto del control ordinario del Sayıştay.

Si existen lagunas en la rendición de cuentas de las instituciones que toman las decisiones económicas más importantes del Estado, supervisan los mercados financieros y gestionan los activos públicos, es necesario cuestionar el propio sistema de fiscalización estatal.

Parte de las presuntas irregularidades en las operaciones con fondos, de las pérdidas de los inversores y de los demás problemas financieros a los que nos enfrentamos hoy podrían haberse evitado o limitado mediante una fiscalización más eficaz y una intervención oportuna.

Una fiscalización insuficiente puede provocar no solo que los errores se agraven, sino también que no se identifique a tiempo a los responsables.

¿POR QUÉ LOS PRESIDENTES DEL SAYIŞTAY NO PUSIERON ESTAS LAGUNAS SOBRE LA MESA?

Esta es la pregunta en la que realmente debemos detenernos.

Si las leyes actuales no permiten cumplir adecuadamente la función fiscalizadora que otorga la Constitución, ¿puede el presidente del Sayıştay limitarse a aplicar esas leyes?

Por supuesto, está obligado a respetar las leyes vigentes. Pero hacer caso omiso de las deficiencias que impiden el cumplimiento efectivo de la función constitucional es incompatible con la responsabilidad institucional.

Además, los artículos 38 y 42 de la Ley 6085 permiten presentar a la TBMM los resultados de las fiscalizaciones y los exámenes.

Aunque estas disposiciones no otorgan al presidente del Sayıştay la facultad de presentar directamente proposiciones de ley ni le imponen una obligación expresa de proponer reformas legales, identificar los problemas estructurales que impiden cumplir la función constitucional y comunicarlos a las autoridades competentes es una exigencia de la responsabilidad institucional.

Por tanto, esta cuestión no atañe únicamente a la responsabilidad del actual presidente del Sayıştay, sino a la de todos los presidentes que han ocupado el cargo hasta hoy.

Cuando el enfoque de fiscalización ampliado en 1996 se restringió en 2010, cuando se introdujeron nuevas limitaciones en 2012 y cuando surgieron lagunas en la supervisión de las instituciones financieras, los presidentes del Sayıştay deberían haber advertido estos problemas y haberlos llevado al debate parlamentario.

También hoy, el presidente del Sayıştay debe presentar a la TBMM un informe razonado sobre las lagunas existentes en la fiscalización y las reformas legales necesarias.

Lo que se espera de él no es que cambie las leyes, sino que exponga cuáles deben modificarse para poder cumplir plenamente su función constitucional.

¿CÓMO VA A CUMPLIR SU FUNCIÓN UN FISCALIZADOR QUE NO DETECTA LAS LAGUNAS EN LA FISCALIZACIÓN?

El Sayıştay no debe ser una institución que se limite a detectar los errores de los organismos públicos. También debe ser capaz de advertir las deficiencias de su propio sistema de fiscalización.

La fortaleza de un Estado no se mide por las facultades de sus gobernantes, sino por el grado en que esas facultades pueden someterse a control.

Permanecer como mero espectador ante la pérdida de eficacia de la función constitucional de fiscalización es incompatible con la responsabilidad fiscalizadora.

Por ello, también deben cuestionarse las posturas de los anteriores presidentes del Sayıştay sobre este asunto, mientras que el actual presidente debe presentar sin demora a la TBMM las propuestas de reforma necesarias.

Porque el poder que no puede ser fiscalizado acaba convirtiéndose en un poder al que no se le pueden exigir cuentas.

Prof. Dr. Mete Gündoğan

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