EL PROBLEMA DE LA LAICIDAD EN TURQUÍA

Desde hace muchos años, los debates sobre la laicidad en Turquía giran en torno a las libertades religiosas, la neutralidad del Estado y los principios fundamentales de la República. Sin embargo, gran parte de estos debates se articula en torno a los agravios sufridos en el pasado o a las preferencias políticas actuales, en lugar de esclarecer el fondo de la cuestión. El problema de la laicidad no se limita al grado de libertad con el que los musulmanes pueden practicar su culto. La cuestión fundamental es sobre qué principios se gobernará el Estado, cuál será la fuente del derecho y dentro de qué límites se ejercerá la autoridad para determinar la vida humana. La diferencia fundamental entre el islam y la concepción laica del Estado radica, antes que en las libertades religiosas, en la fuente de la que emana la autoridad para legislar y gobernar. Sin comprender esta diferencia, no es posible evaluar correctamente los problemas de la laicidad con los musulmanes en Turquía ni los de los musulmanes con el sistema laico.

La laicidad se basa en que el Estado no fundamente su ordenamiento jurídico y su sistema de gobierno en preceptos religiosos. En Turquía, sin embargo, ha ido más allá y se ha convertido en un sistema en el que el Estado conserva también su autoridad administrativa sobre las instituciones religiosas. Con la fundación de la República se modificó la posición histórica de la religión en el derecho y el gobierno, pero los servicios religiosos se mantuvieron dentro de la estructura administrativa del Estado a través de la Presidencia de Asuntos Religiosos. Así, aunque el Estado no reconoce los preceptos religiosos como fuente de su derecho, ha seguido determinando el funcionamiento de las instituciones religiosas. Aquí existe una importante contradicción que debe cuestionarse: si el Estado no acepta que la religión determine su ordenamiento jurídico, ¿por qué desempeña un papel determinante en el funcionamiento institucional de la vida religiosa? Uno de los problemas fundamentales de la laicidad en Turquía es la coexistencia, dentro de un mismo sistema, de la pretensión de neutralidad ante la religión y de la autoridad administrativa sobre ella.

En la concepción islámica del Estado, en cambio, la autoridad para gobernar no puede entenderse al margen de los preceptos revelados por Allah y de los principios de justicia. El Corán somete a determinadas normas no solo el culto, sino también el derecho, el comercio, las relaciones familiares, las responsabilidades sociales y la concepción del gobierno. Mientras que el versículo 40 de la sura Yusuf declara que la potestad de juzgar pertenece a Allah, el versículo 58 de la sura Nisâ ordena confiar las responsabilidades a quienes sean aptos para asumirlas y juzgar con justicia entre las personas. Estos principios ponen de manifiesto que el ser humano posee autoridad para gobernar, pero no puede ejercerla sin límites. Mientras el Estado laico fundamenta la validez del derecho en la Constitución y en las decisiones de las instituciones competentes, el islam considera que las personas son responsables de que las normas que establezcan se ajusten a los preceptos de Allah. La diferencia no radica en si las personas pueden o no elaborar leyes, sino en a qué criterio superior está sujeta la potestad legislativa.

Esta diferencia se manifiesta claramente en la vida cotidiana. Mientras el Corán prohíbe los intereses, el derecho laico puede regular la banca con intereses como una actividad legal. Mientras el Corán establece determinados preceptos sobre el reparto de la herencia, el derecho civil laico adopta otros criterios de reparto. Mientras el Corán establece preceptos sobre la familia, el matrimonio y el divorcio, el Estado laico regula estos ámbitos conforme a su propio ordenamiento jurídico. Para un musulmán, que una práctica sea válida legalmente no significa que también sea correcta desde el punto de vista religioso. No obstante, tomar como base los preceptos de Allah no significa que un gobernante pueda considerar incuestionable su propia interpretación. Es necesario que las personas tomen decisiones sobre el gobierno, creen instituciones y propongan soluciones a necesidades cambiantes. Sin embargo, desde una concepción que considera vinculantes los preceptos del islam, esta potestad no puede entenderse como la facultad de dejar sin efecto los preceptos explícitos de Allah por la sola voluntad política.

La relación de los musulmanes con la laicidad en Turquía encierra otra importante contradicción. Los sectores conservadores que en el pasado criticaban la laicidad por las prohibiciones del velo, la educación religiosa y la visibilidad pública de la identidad religiosa han acabado asumiendo responsabilidades de gobierno dentro del mismo sistema constitucional. La ampliación de las libertades religiosas es un logro importante; sin embargo, este avance no ha modificado la concepción fundamental del derecho y del gobierno propia del Estado laico. Que un musulmán rece, ayune, reciba educación religiosa o ejerza un cargo público con velo pertenece al ámbito de la libertad religiosa. Los principios en los que se basan el ordenamiento jurídico y el sistema económico del Estado son una cuestión distinta. La existencia de libertad de culto no significa que se haya llevado a la práctica la concepción islámica del Estado. Esta es una de las distinciones fundamentales que la política conservadora en Turquía no ha aclarado suficientemente.

Sin embargo, la responsabilidad de los musulmanes no consiste únicamente en criticar el sistema laico. Al defender la concepción islámica del gobierno, deben respetar esos mismos principios en su propia vida y en sus decisiones políticas. Defender que los intereses son incorrectos y restar importancia al enriquecimiento injusto, hablar de justicia e ignorar las injusticias cometidas por los allegados, o ser incapaz de criticar los errores de un gobierno con una marcada identidad religiosa constituye una grave incoherencia entre la fe y la conducta. El versículo 135 de la sura Nisâ ordena defender la justicia incluso cuando vaya en contra de uno mismo y de sus allegados. Por ello, el criterio del musulmán no son los partidos políticos, los líderes ni los intereses personales, sino los principios revelados por Allah. Por muy marcado que sea el discurso religioso de un gobierno, la falta de idoneidad, las actuaciones contrarias a derecho, el despilfarro de recursos públicos y la injusticia no pueden legitimarse con argumentos religiosos. La concepción islámica del Estado se pregunta por los principios a los que se atiene el gobierno antes que por la identidad de quien gobierna.

Para evaluar correctamente la diferencia entre el islam y la concepción laica del Estado, también es necesario distinguir los principios que parecen compartir. La justicia, la seguridad jurídica, el interés público y la protección de los derechos humanos pueden ser valores asumidos también por los Estados laicos. Por tanto, no es correcto sostener que la laicidad rechaza la justicia ni que todo Estado que afirme gobernar en nombre del islam será justo. La diferencia fundamental reside en la fuente de la que estos principios obtienen su legitimidad y en cómo se aplican en el derecho estatal. En la concepción islámica del gobierno, la justicia, la responsabilidad por lo que se confía a alguien, la idoneidad y la consulta no son valores que queden a discreción de los gobernantes. El versículo 38 de la sura Ash-Shura destaca la consulta, y el versículo 8 de la sura Mâide, el principio de no apartarse de la justicia ni siquiera ante la enemistad. Estos preceptos muestran que el gobierno no puede quedar a merced de los intereses personales ni de un poder político ilimitado.

No obstante, quienes defienden la concepción islámica del Estado también tienen preguntas que responder. ¿Cómo se limitarán las facultades del jefe del Estado? ¿Quién supervisará a los gobernantes? ¿Cómo se protegerán los recursos públicos? ¿Cómo se garantizará la independencia judicial? ¿Qué garantías ampararán los derechos de las personas de distintas creencias? Defender los principios coránicos de justicia y gobierno no da derecho a dejar estas preguntas sin respuesta. Mientras el versículo 256 de la sura Bakara declara que no hay coacción en la religión, el versículo 8 de la sura Al-Mumtahana ordena tratar con justicia a las personas de distintas creencias. Por ello, la concepción islámica del Estado debe presentarse no solo como un pensamiento que se opone al sistema existente, sino como una concepción del orden que explique la justicia, los derechos y la responsabilidad de gobernar.

Una de las razones por las que el problema de la laicidad en Turquía lleva años estancado es que se debate en función de las identidades políticas y no de los principios fundamentales. Quienes defienden la laicidad deben cuestionar también la autoridad administrativa sobre las instituciones religiosas cuando defienden la neutralidad del Estado ante la religión. Por su parte, quienes defienden la concepción islámica del Estado no deben limitarse a decir que la religión no se reduce al culto; deben explicar qué principios se aplicarán en el derecho, la economía, la educación y la administración pública, y cómo se hará. Porque el valor de una concepción del Estado no se aprecia únicamente por las ideas que defiende, sino también por cómo estas se plasman en la justicia y en la vida de las personas.

En el centro del problema de la laicidad en Turquía no está cuánta libertad religiosa concede el Estado a los musulmanes, sino a qué criterio se considera sujeta la autoridad para legislar y gobernar. Mientras el Estado laico fundamenta la validez del ordenamiento jurídico en la autoridad constitucional y humana, el musulmán que considera vinculantes los preceptos del islam sostiene que la voluntad humana no puede ser ilimitada ni independiente de los principios revelados por Allah. Esta diferencia fundamental no desaparece con la ampliación de las libertades religiosas. Pero criticar la laicidad tampoco equivale, por sí solo, a exponer la concepción islámica del Estado.

La verdadera pregunta que debemos plantearnos es esta: ¿critican los musulmanes la laicidad comprendiendo realmente los puntos en los que difiere del islam, o se conforman con las libertades religiosas que se les conceden e ignoran problemas más fundamentales?

Porque la concepción islámica del gobierno no consiste únicamente en cambiar el nombre del Estado o la identidad de los gobernantes. Consiste en poder tomar como base la responsabilidad del ser humano ante Allah en el derecho, la economía, la justicia y la administración pública. Para el musulmán, lo determinante no es lo cercano que le resulte el poder político, sino en qué medida el gobierno se mantiene fiel a los principios de justicia y responsabilidad revelados por Allah.

Los poderes políticos no deben fijar los límites de la fe; sus facultades deben someterse a examen a la luz de los criterios de justicia y responsabilidad que establece la fe.

İslam Başaran

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