EL COSTE POLÍTICO DEL RETRASO EN LA LIQUIDACIÓN DE LOS FONDOS

Cuando estalló la crisis de los fondos, nuestra propuesta fue clara: Inicien la liquidación y el cobro al mismo tiempo. Mientras se convierten en efectivo los activos de los fondos, persigan también la recuperación de los bienes que se haya determinado que fueron retirados ilegalmente de ellos. Para ello, recurran a los mecanismos de cobro que ofrece la Ley 6183.

Hubo que esperar hasta finales de octubre para que se concediera al TMSF parte de estas facultades. Ahora la Administración debe explicar cuándo y en qué medida las ha ejercido.

Adoptar medidas cautelares sobre el patrimonio no equivale a cobrar el dinero. Tampoco puede darse por hecho que el dinero cobrado se haya abonado al inversor. La Administración debe publicar periódicamente cuatro cifras para cada fondo:

Las pérdidas constatadas,

los créditos cuya recuperación se ha reclamado,

el importe efectivamente cobrado y

los pagos realizados a los inversores.

Si se publican estas cifras, se verá dónde se está produciendo el retraso y qué organismo es responsable.

También debe publicarse la lista completa de las personas y entidades que, según han determinado las autoridades competentes, obtuvieron ganancias desmesuradas. El Estado debe explicar qué ganancias considera desmesuradas y con qué criterios.

La TBMM debe establecer una base legal expresa para la publicación de los nombres y los importes.

De quién se espera una devolución y por qué importe,

cuánto se ha devuelto voluntariamente y

cuánto se ha cobrado deben indicarse por separado.

La constatación de ganancias desmesuradas no debe confundirse con una responsabilidad jurídica establecida de forma definitiva.

Hoy circulan muchos nombres en el mercado.

Si no divulgan información verificada, las acusaciones repetidas acabarán siendo consideradas hechos por la gente.

Esto perjudica la reputación de quienes son mencionados injustamente. Al mismo tiempo, suscita dudas sobre si se aplican las mismas reglas a aquellos respecto de los cuales se han constatado hechos concretos.

Las autoridades competentes deben suspender temporalmente de sus funciones a todos los directivos cuya implicación en estas operaciones se haya constatado o sobre cuya participación existan sospechas fundadas. La suspensión no es un castigo. Es una medida que garantiza la independencia de la investigación y la conservación de los registros. Nadie debe ser suspendido por rumores, pero, cuando existan sospechas fundadas, tampoco debe hacerse una excepción con nadie, sea cual sea su cargo.

La liquidación y el cobro deben encomendarse a un nuevo equipo que no haya intervenido en las operaciones anteriores.

Los directivos/especialistas que anteriormente realizaron estas tareas o tomaron o ejecutaron las decisiones que se están investigando no deben formar parte del equipo encargado de exigir cuentas por esas decisiones. Las facultades, las responsabilidades y el calendario de trabajo del nuevo equipo deben quedar claros. La opinión pública debe saber quién se ha encargado de cada tarea y qué resultados ha obtenido.

Cada retraso exige nuevas medidas. Y cada nueva medida cuya justificación no se explica genera nuevas sospechas. No hay estructura que las sospechas y la incertidumbre no puedan derribar.

Hoy el inversor pide cuentas sobre su dinero. Mañana el votante preguntará por qué no se rindieron esas cuentas a tiempo.

Si no aceleran el cobro, no divulgan la información verificada, no ponen el proceso en manos de un nuevo equipo y no actúan con transparencia, la pérdida de confianza tendrá un coste político.

Prof. Dr. Mete Gündoğan

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