La moral social y el orden público se sustentan en la justicia y en el sentido de la responsabilidad. Las ganancias de quienes acrecientan su fortuna sin ganarse el pan con el sudor de su frente, recurriendo únicamente a artimañas “diabólicas” y a enrevesados cálculos, nunca pueden considerarse lícitas desde el punto de vista religioso ni legítimas, sea cual sea el criterio de fe o de moral con el que se juzguen. Por desgracia, hoy somos testigos de cómo esta mentalidad ha envenenado incluso los mecanismos que deberían ser el motor de la producción y el empleo.
Los sistemas de fondos y de negociación bursátil, creados para cubrir las necesidades de financiación de las fábricas sin intereses, incentivar a los inversores a apostar por la producción y hacer crecer la economía real mediante el principio de participación en los beneficios, han sido convertidos, por desgracia, en una auténtica mesa de juego por estos embaucadores, que los manejan como si fueran un juego de ‘trile’. La mentalidad de quienes, sin producir ni crear valor, se apropian de los ahorros de la gente mediante manipulaciones bursátiles y consideran que tienen derecho a esas ganancias injustas constituye una de las mayores heridas de la conciencia social.
Sin embargo, el problema no se limita a las manipulaciones financieras. El verdadero peligro es que esta mentalidad corrupta y esta falta de principios puedan extenderse hasta las altas instancias del Estado.
No es aceptable que un gobernador, cuya función es servir a la ciudadanía, afianzar la confianza pública y representar al Estado, responda a una pregunta legítima que un periodista formula en nombre de la sociedad con una frase tan superficial como “Es mi vida privada, no tengo por qué dar explicaciones”. Ocupar un cargo en el Estado no significa ponerse una armadura ni eludir responsabilidades. Todo funcionario que ejerza autoridad en nombre de la ciudadanía está obligado a rendir cuentas ante la conciencia pública de cada paso que da y de cada decisión que toma. Esta actitud, ajena a la transparencia y que desprecia a la prensa y a la ciudadanía, revela a alguien que no está a la altura del cargo que ocupa.
Precisamente en este punto entran en juego la rapidez en la toma de decisiones y la capacidad de actuar con eficacia, logros del Sistema de Gobierno Presidencial, que refuerzan jurídicamente la autoridad del presidente que dirige el Estado para destituir de inmediato y poner a disposición de la justicia a cualquiera que hiera la conciencia pública, se aparte de la idoneidad y la transparencia que exige su cargo y se crea con derecho a recurrir a artimañas.
Los altos cargos del Estado no pueden ser refugio ni de quienes eluden sus responsabilidades ni de quienes han perdido la distinción entre lo permitido y lo prohibido por la religión. Restablecer la confianza en el Estado pasa por no tolerar este tipo de actitudes.
Fehmi Yağlı
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